Publicat a l’edició espanyola de El Mundo

A VECES parece como si todo hubiera empezado con el editorial conjunto de 12 periódicos catalanes, pero por supuesto no es así. Éste es, al contrario, un asunto antiguo. No teman: no voy a remontar 1.000 años. Sólo quisiera recalcar que el editorial no emerge de la nada. Es fruto de una situación seria, más aún: grave, que no solamente atañe a Cataluña sino al conjunto de España.¿Por qué se redactó y publicó el editorial? Porque sus impulsores creyeron que, en efecto, el problema, cuyo epicentro se halla en el Constitucional, no es una anécdota o un accidente de recorrido. Como consideran que es grave, adoptaron una iniciativa extraordinaria, la de publicar el artículo mancomunado. Que se diga que se trata de una presión intolerable resulta un chiste malo, cuando un buen puñado de medios han, por ejemplo, jaleado las recogidas de firmas del PP contra el Estatuto, han alentado la recusación de magistrados o han querido escribirle al Alto Tribunal la sentencia.

Por otra parte, entre las funciones de la prensa destaca la de promover el debate y ayudar a conformar la opinión pública. Los medios siempre influyen, en el sentido que sea, y si no lo logran es que algo importante están haciendo mal.Pero a mi entender no es la intención principal del editorial influir en el Constitucional. Lo que al releerlo aparece como evidente es que se dirige sobre todo a los políticos, a la opinión pública y a la ciudadanía española. Y, con la claridad y la gravedad que la ocasión requiere, deplora la degradación que la política ha causado al Constitucional y alerta contra la tentación de lograr en el Tribunal lo que no se consiguió fuera. Se invita a reflexionar también sobre si es legítimo lo que es legal, esto es, que el Constitucional rectifique lo pactado en el Parlamento catalán y las Cortes, y avalado por los votos ciudadanos. Por cierto: ¿cómo pudo alguien creer que situar al Constitucional al final del proceso era una buena idea?Un posible cerrojazo y marcha atrás en el desarrollo autonómico a través del Alto Tribunal supondría atentar contra el espíritu de la Constitución, con la voluntad integradora y basada en el pacto que la hizo posible. Si la sentencia confirma a los catalanes que no es posible ser y vivir como tales en España, viene a decir el editorial, las consecuencias serán profundas y difíciles de prever. El texto de los periódicos ha recibido un alud de adhesiones de entidades y asociaciones sociales, económicas y deportivas, además de la de muchas personalidades de la vida catalana, entre las cuales está la del arzobispo de Barcelona. Y lo ha recibido porque expresa y da cauce al profundo sentimiento de desazón, malestar e incluso irritación que ha ido cundiendo en Cataluña, que se siente, a mi entender con toda la razón del mundo, incomprendida y maltratada.

El editorial no es un editorial independentista. Es lo contrario. Justamente el independentismo social, que viene creciendo gracias a las frustraciones acumuladas y al griterío del españolismo, ha recibido con hiriente menosprecio el artículo, pues, reprocha, es la evidencia de que el establishment catalán no ha roto con España. El editorial, que reclama que se respete el pacto de la Transición (pacta sunt servanda, se dice), representa a una amplia mayoría de la sociedad catalana. Una mayoría que, pese a su moderación, no va a renunciar a ser catalana y que quiere, exige, que no se la fuerce a dejar de serlo para ser española. Ésa es la dignidad a la que se refiere el editorial, el cual, junto con la aún mayoría de catalanes, mantiene la esperanza de que España sea capaz de acoger y apreciar la diversidad y la complejidad. Su propia diversidad y complejidad.Resumiendo: la intención del editorial era hacer que España escuche, recapacite. No darse cuenta de ello es quedarse mirando el dedo y no ver la luna. Esa pretensión ha recibido el ataque cruzado del independentismo y del españolismo rampante. El catalanismo o nacionalismo (no distingo entre ambos términos) moderado tiene un aguante probado, pero no es cuestión de abusar para ver hasta cuándo podrá resistir. Porque la hoy por hoy aún mayoría en Cataluña, ese espacio central, moderado como decíamos, políticamente templado, puede verse fuertemente diezmado por la invitación independentista -¿No os dais cuenta?: ¡no hay nada que hacer!-, en combinación con los desplantes, rechazos, injustos ataques e incluso insultos que arrecian desde allende el Ebro y que actúan a modo de combustible.

Las fuerzas políticas a las que precisamente peores quebrantos puede causar la sentencia son las que ocupan la centralidad: CiU y PSC. Para ambas, administrar el fallo -salvo en el caso de que se respetara la integridad del Estatuto- va a ser tremendamente complicado. No así para partidos como ERC -que intentan remontar el vuelo enarbolando la enseña independentista- o como el PP, que en Cataluña forma parte de la periferia del sistema político. Es en ese sentido que puede afirmarse que el editorial, que recoge algunos de los argumentos en que el presidente ha venido apoyándose, ha supuesto una ayuda para José Montilla, que es a quien en primera instancia amenaza con llevarse por delante la ola de descontento. Montilla se halla más expuesto que Artur Mas porque gobierna en Cataluña y, en segundo lugar, porque el PSC está federado con el PSOE. Montilla no se atreve (al menos a día de hoy) a reclamar el grupo parlamentario propio del PSC en el Congreso, que es hacia donde le empuja ya la ola. Dar tal paso, y eso es lo que paraliza al PSC, supondría romper con el PSOE, que a renglón seguido se instalaría en Cataluña con logo y oficinas propias.Cortar amarras con el PSOE y promover una nueva Solidaritat Catalana que aunara a las fuerzas del catalanismo, como se aludía en el artículo de los periódicos catalanes, tiene para Montilla y el PSC un precio desorbitado. Montilla -igual que Mas- se halla, pues, entre la pared del Constitucional y la espada del independentismo social, el cual ha convocado referendos de autodeterminación en un buen número de pueblos y ciudades, en lo que es un nuevo movimiento simbólico y de legítima acumulación de fuerzas para cuando el Constitucional emita su sentencia.