NO SOY un entusiasta de las comisiones parlamentarias de investigación. En nuestras latitudes estas comisiones suelen ser utilizadas para erosionar al adversario político, mientras que sus conclusiones finales reflejan la distribución de fuerzas entre gobierno y oposición. Dicho esto, si había un caso en que cabía la investigación parlamentaria era precisamente en el del fuego de Horta de Sant Joan, en el que cinco bomberos hallaron la muerte y otro resultó gravemente herido.
Hace unas semanas nos enteramos con estupefacción de que la causa del terrible incendio no había sido un rayo, como había afirmado con toda rotundidad en julio el consejero Baltasar, sino la acción de dos jóvenes que, encima, sacaron fotos del monte ardiendo. Las llamas tampoco comenzaron donde nos habían dicho. Todo ello lo supimos no por el gobierno de Cataluña, sino porque la jueza de Gandesa había estado investigando durante meses con eficacia y poquísimos medios.
El giro dado por el asunto puso al gobierno Montilla contra las cuerdas. La oposición reclamó una comisión de investigación. En ella reencontramos a la tal Olga Lanau, que había acompañado a los bomberos llamados por la jueza. Parece que la directora general no tiene otra cosa que hacer que intimidar a los bomberos comparecientes y asegurarse de que no se produzcan más sorpresas desagradables. Hemos descubierto a algún mando del cuerpo muy nervioso, insolente incluso -¿qué teme?-. Por su parte, la prensa ha difundido unas escalofriantes grabaciones de los bomberos pidiendo auxilio. Yo no pude acabar de oírlas, no tuve estómago, pero esas voces me acabaron de convencer de que es necesaria la comisión de investigación y todo lo que haga falta para disipar el negro humo de Horta.
En la comisión se ha evidenciado que la gestión del incendio no fue ni mucho menos «impecable» como dijo Saura y han salido a la luz la descoordinación, los errores y lo que pueden ser cosas peores. Desgraciadamente, estos días también nos han dejado muestra del nivel de autoexigencia moral de algunos. Las fuerzas gubernamentales, por ejemplo, vetaron comparecencias clave -para luego tener que rectificar-, el consejero de Interior intentó parapetarse tras los bomberos, mientras que, a su vez, Montilla se limitaba a acusar a CiU y PP de perseguir intereses partidistas con la «excusa» de buscar la verdad.