A la vista de cómo se están poniendo las cosas y de la situación del PSC, convertido en un partido deshabitado, a cualquier estratega electoral se le podría ocurrir en relación a CiU aquello de «así se las ponían a Fernando VII », expresión alusiva, al parecer, a lo bien que los cortesanos le colocaban subrepticiamente las bolas de billar al monarca cuando jugaban con él. Porque a nadie se le oculta que, tanto la actuación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya como el cambio exprés de la Constitución –tan sacrosanta cuando conviene, tan maleable también cuando conviene– están regalando a CiU la munición que le puede permitir alcanzar un éxito –ganar unas elecciones legislativas españolas en Cataluña– que a sus dirigentes siempre les había parecido irrealizable.
Por lo tanto, y como es natural, la federación nacionalista se está esforzando en la explotación de ambos asuntos, enmarcándolos como más le conviene, esto es, como agresiones al autogobierno. Un buen ejemplo lo constituye la convocatoria relámpago de los senadores designados por el Parlament para que informaran sobre el cambio constitucional, cambio que el PSC, siguiendo las directrices del PSOE, ha respaldado. Los socialistas se resistieron, pero finalmente tuvieron que aceptar que su senador Joan Sabaté diera explicaciones. A los socialistas ni una polémica ni la otra les beneficia, sino que pueden contribuir a desanimar un poco más a sus huestes.
¿Supone todo ello que para Artur Mas , su gobierno y CiU el cambio constitucional pactado por el PSOE y el PP y la inmersión lingüística son meros asuntos electorales? No. ¿Supone que la indignación y la firmeza con que se han pronunciado son solo teatro? De ningún modo. No lo son pese a que Mas ha evitado meterse en el callejón sin salida que supondría romper en todo y para todo con el PPC de Alicia Sánchez-Camacho. El presidente tiene pánico a quedar parlamentariamente en manos de un PSC o una ERC desorientados e imprevisibles.
En CiU, por otra parte, están de acuerdo en la fijación de un tope de déficit. También para las autonomías. Lo que les revienta –aparte de que Zapatero y Rajoy hayan pasado olímpicamente de ellos– es lo que tiene la reforma constitucional de imposición, de recorte del autogobierno. Aunque la resolución sobre la inmersión es mucho más peliaguda, son también conscientes que los efectos reales serán, en el peor de los casos, limitados. Como antes, el problema es que la justicia española pretenda dictarle a la Generalitat lo que tiene que hacer en un asunto tan importante y tan delicado.
Lo alarmante es que la ofensiva contra la Generalitat puede recrudecerse en el futuro, máxime si el PP, como susurran los augures, logra una holgada mayoría absoluta.