Apretar las tuercas, seguir apretándolas. El Tribunal Constitucional renovado va a estrenarse prohibiendo destinar dinero de los presupuestos de la Generalitat al referéndum sobre la independencia. Con la suspensión se redoblarán las amenazas a un Govern que amontona tarjetas amarillas. Llamar renovado a este Constitucional es una manera de hablar. Los nuevos miembros han estado primorosamente elegidos por el PP y el PSOE pensando en evitar cualquier fisura a la hora de asediar a la Generalitat. O, lo que es lo mismo, en que nadie dude en cumplir las instrucciones de Soraya Sáenz de Santamaría.
¿Y el PSOE? Tras el golpe de mano interno para abatir a Pedro Sánchez, el PSOE que hoy domina, el de Susana Díaz, es un PSOE más españolista y más populista que nunca. Populismo que, cuando hablamos de España, siempre incorpora sucias dosis de anticatalanismo. Es lo que hay. Y lo que habrá, si los susanistas continúan controlando el juego y se imponen.
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La unidad de destino, por llamarlo así, está, pues, al menos hoy, asegurada. El Tribunal Constitucional seguirá suspendiendo leyes catalanas y actuando como policía, una función insólita en los países avanzados. Los magistrados, los de ahora como los de antes, han aceptado el agrio papel de matón sin mayores aspavientos ni problemas.
Cabe rememorar aquí las manifestaciones de unas semanas atrás de la jueza Mercedes Alaya, instructora de casos como el de los ERE fraudulentos o los igualmente fraudulentos cursos de formación en Andalucía. Alaya denunció la injerencia de la política en el sistema judicial, y añadió, por si a alguien se le escapaba, que en España los jueces serviles con los políticos llegan más lejos que aquellos otros más profesionalmente capacitados. No es extraño que en un informe elaborado por la Comisión el año pasado -The UE 2016 Justice Scoreboard-, la justicia española aparezca entre las percibidas como menos independientes de toda la Unión Europea.
CESIÓN A LOS DESEOS DE LA CUP
Dicho lo anterior, cabe señalar que en este caso -a diferencia de otros mucho más discutibles o discutibles del todo- el legislador (el Parlamento catalán) sabía perfectamente, y así se lo confirmó el Consejo de Garantías Estatutarias de la Cámara, que las posibles partidas para el referéndum eran anticonstitucionales e iban a ser recurridas. Pese a ello, Junts pel Sí decidió una vez más, para salvar el proceso soberanista, ceder a los deseos de la CUP.
La respuesta del PP sigue el guion previsto. Es un tedioso ‘déjà vu’. Que el flamante presidente del TC, Juan José González Ribas, haya trastocado con urgencia la agenda para poder así atender más solícitamente el recurso gubernamental contra la Generalitat forma parte, por desgracia, de lo habitual. Quizá él, como hizo su predecesor, Francisco Pérez de los Cobos, se despida en su momento reconociendo también que el Constitucional, pese a que aprieta y sigue apretando las tuercas, no puede resolver el asunto catalán, cuya naturaleza es política. De política democrática.