El encarcelamiento, el jueves, del vicepresidente Oriol Junqueras y de otros ocho miembros del Govern fue procurado por el fiscal general, José Manuel Maza, y por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Tras un primer momento en que se pretendió dispersar a los consejeros y consejeras en diferentes prisiones, como si de terroristas condenados a largas penas se tratara, se optó por mandar a las mujeres a Alcalá-Meco y a los hombres a Estremera (a unos 70 kilómetros de Madrid). Se ahorraron, nos ahorramos, el enésimo intento de humillación.

Aludir al riesgo de fuga –cuando se acababan de presentar voluntariamente– parece absurdo, amén de difícil de acomodar jurídicamente, igual que esgrimir el peligro de que continúen delinquiendo. ¿Si les dejaba marcharse iban a preparar –cree la señora Lamela– otro referéndum como el del 1-O? ¿O a declarar la independencia de nuevo?

Por supuesto, la decisión levantó una, otra, gran ola de indignación, la mayor hasta ahora en Catalunya. Aunque era algo que se temía, el independentismo –y los demócratas en general– quedaron atónitos, genuinamente perplejos ante lo sucedido. Desde un punto de vista político, el hecho resulta todavía menos lógico. A unas cuantas semanas de las elecciones convocadas por Mariano Rajoy –en las que PDECat, ERC y CUP deben participar, sea juntos o separados–, los encarcelamientos no hacen más que proporcionar razones al independentismo. Y empujarlo a la movilización, aumentando, por consiguiente, las posibilidades de que Ciudadanos, PSC y PP reciban un áspero varapalo en las urnas. Es como si Maza y Lamela trabajaran para el independentismo, ejerciendo de irrefrenables pirómanos.

Por su cuenta y riesgo
Llegados a este punto se abren dos hipótesis. La primera pasa por suponer que, como jura y perjura Maza, él y la jueza actúan no al dictado del Gobierno del PP, no al servicio de una estrategia teledirigida, sino por su cuenta y riesgo. De forma independiente. Esto nos lleva a concluir que estamos ante, por decirlo diplomáticamente, dos irresponsables –no es posible, dada la medida del desastre, pensar que asistimos a una exhibición de desnuda ineptitud– a los cuales las consecuencias de sus actos no les importan lo más mínimo.

Pero la alternativa, desgraciadamente, no es mejor. Si todo responde a una estrategia diseñada y dictada desde el Gobierno de Rajoy, forzosamente el PP tuvo que prever la enorme indignación que iba a producirse en Catalunya. Pese a ello, sin embargo, se decidió activar el plan.

Voy un poco más allá aún: puesto que hay que descartar que el PP pretenda que el unionismo-españolismo se hunda en las elecciones catalanas, hay que entender que espera la excusa para impedir al independentismo, o a una parte de este, concurrir al 21-D (hay quien teme cualquier otro tipo de adulteración, incluso la suspensión de los comicios). De alguna forma, la ilegalización o la prohibición de presentarse a las elecciones sería el movimiento necesario, a la vez que complementario y compensatorio, al encarcelamiento de los consejeros y consejeras del Govern. Una monstruosidad.