Pedro Sánchez se ha enfrentado a la crisis del ‘Catalangate’ de la forma esperable en alguien como él. En primer lugar, restando gravedad a algo gravísimo. En segundo, tratando de desviar la atención. De momento, está consiguiendo -ya veremos cómo acaba esta mala película- seguir adelante habiendo pagado un precio bien módico: la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban. Para que no pareciera lo que era, es decir, un intento de calmar a ERC, Sánchez ha insistido en que echaba a Esteban por los fallos de seguridad que han afectado al móvil presidencial, un pretexto con poca base. Más allá de las maniobras gubernamentales, al rescate de Sánchez ha acudido la casual -hay que creerlo así- publicación por parte de ‘El País’ de una serie de antiguas grabaciones que salpican a los populares.
¿Cuál ha sido la reacción del PP de Feijóo ante el ‘Catalangate’ y las intrusiones -probablemente por parte de Marruecos- en los móviles de Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, es decir, ante lo que se conoce ya como el ‘caso Pegasus’?
El PP de Feijóo ha apoyado a la ministra de Defensa, Margarita Robles -quien soltó en el Congreso: “¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania [Rusia]?”-, y no solo se ha mostrado plenamente comprensivo, sino que ha aplaudido la violación de la privacidad de los independentistas. Para los populares, antes que la democracia, antes que la Constitución, antes que los derechos de la ciudadanía, está España (la rancia y miope idea de España con que siguen incordiando).
Más aún, el PP le ha preguntado a Sánchez que cómo se le ocurre negociar con gente a quien el CNI está espiando (si el CNI los espía, es que el presidente Argonès y cía son gente peligrosa, criminaloide). El PP se ha atrincherado con el CNI, mientras censuraba al presidente socialista por entregar la cabeza de Esteban a “los que quieren destruir este país”. En su afán por fustigar, Feijóo ha lanzado la sospecha de que el viraje español sobre el Sáhara pueda deberse al chantaje de Marruecos, que dispondría de información comprometida.
En resumen, lo que ha hecho Feijóo ante el primer gran escándalo con que se ha topado como líder del PP es lo mismo que hubiesen hecho Casado y todos los PP anteriores a Casado. Ha tirado del gastado manual de siempre.
Sin embargo, un centro-derecha moderno y europeo hubiera actuado muy diferente. Prácticamente, al contrario. Para empezar, en el caso de los independentistas -no sabemos aún cuántos han sido espiados exactamente- el PP debería haber salido en defensa de los derechos fundamentales (y, por tanto, de la Constitución) de todos los ciudadanos, sean las que sean sus ideas políticas. Esto significa haber exigido explicaciones al CNI, a la ministra de Defensa y al propio presidente Sánchez sobre los pinchazos. Por no hablar del juez del Supremo Pablo Lucas, que ha aplicado la manga ancha, por expresarlo diplomáticamente, a la hora de dar luz verde al CNI.
O sea, inquirir sobre qué es lo que justifica una intromisión tan salvaje en la privacidad de ciudadanos españoles (porque son ciudadanos españoles, ¿no?). Unas prácticas del CNI que, si se normalizan y homologan como hace el PP con su actitud, mañana pueden afectar a cualquier persona. Porque a la luz de lo que sabemos por ahora, es decir, del perfil de las víctimas y las fechas, uno llega a la conclusión que el espionaje fue absolutamente abusivo.
La prueba del algodón es bien sencilla: pregúntese, querido lector, cómo reaccionaría Feijóo si el CNI hubiese entrado en los móviles de altos cargos, militantes, familiares y colaboradores del PP. Si la respuesta es que hubiese reaccionado de modo diferente o radicalmente diferente, es que el PP está actuando mal.
En cuanto al espionaje al presidente Sánchez, es cierto, como repite la derecha y sus medios prosélitos, que los presidentes de Gobierno no suelen revelar que su teléfono ha sido pinchado, como hizo Sánchez. Como lo es también que la oposición, cuando tiene un mínimo sentido de Estado, se abstiene de sacar provecho de un asunto tan serio para los intereses del país.