Que el PP haya admitido a trámite esta semana la iniciativa legislativa popular (ILP) -tras promoverla intensamente- para imponer las corridas de toros en Catalunya es perfectamente coherente con lo que viene haciendo en un sinfín de frentes. Se trata de dejar claro quién manda y erosionar el poder autonómico. La retórica identitaria del texto de la iniciativa sobre los toros no deja lugar a dudas sobre cuál es la España que desean algunos.

La sorpresa se produjo con otra ILP, en este caso la promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Las ruidosas actuaciones de la plataforma, junto con el suicidio de un matrimonio de Calvià angustiado por un inminente desahucio, forzaron al PP aceptar la iniciativa. Al hacer lo contrario de lo que querían hacer, los populares acertaron.

Por dos motivos. El primero, y obvio, es que se trata de un problema que produce un enorme dolor a muchos miles de ciudadanos. En segundo lugar, por una cuestión de, digamos, urbanidad democrática. Desde mi punto de vista, existe el deber de examinar una propuesta que viene directamente de los ciudadanos y que cuenta con muchísimos más firmas de las exigidas por ley. Si el PP aplaude la ILP de los toros (550.000 firmas) no era de recibo rechazar la de las hipotecas (1.400.000).

En este punto cabe, sin embargo, subrayar algunos elementos.

El hecho de aceptar a trámite una ILP no tiene por qué suponer que deba aprobarse en todo o en parte. Tampoco, por supuesto, lo contrario. Son los representantes de los ciudadanos, es decir, los legisladores, quienes han de decidir sobre las ideas que incluye la ILP. Son las Cortes, y no ninguna plataforma, a quienes corresponde elaborar y poner en marcha las medidas.

En cuanto al rescate de los ciudadanos que no pueden pagar la hipoteca, si bien por supuesto hay que tratar de paliar la presente tragedia social, ciertas formas de argumentarlo resultan inquietantes, puesto que tienden a diluir o evaporar la responsabilidad individual.

Es absolutamente cierto que hay estamentos que son más responsables que otros -mucho más- del descalabro económico que padecemos. Es cierto que la ley hipotecaria española está desequilibrada a favor de los intereses de las entidades financieras. Y también que hemos invertido millones y más millones del dinero de todos en el rescate de bancos y cajas, pervirtiendo así la ley económica que asocia riesgo y beneficio por la vía de invocar el mal menor.

Sin embargo, todo ello no puede hacernos olvidar que cuando uno contrata una hipoteca lo hace libremente, y que tiene que saber qué firma y las consecuencias que ello puede acarrear. Esperemos que las amargas experiencias de hoy nos sirvan de enseñanza para el futuro.