Comencemos por el principio. Nunca me pareció una buena idea que el juez Santiago Vidal se dedicara en su tiempo libre a la redacción, junto con otras personas, de una propuesta de futura Constitución catalana. Como se suele decir en catalán, es posar el carro davant dels bous . No creo que la redacción de constituciones –y menos de contenido poco menos que curioso como la que nos ocupa– por parte de espontáneos contribuya a otorgar seriedad y solidez al movimiento soberanista. Por muy bienintencionadas que sean este tipo de iniciativas, que casi siempre lo son. La futura Constitución catalana, si algún día hay que hacerla, deberá redactarla el Parlament, un Parlament constituyente.
Dicho lo anterior, vayamos al trienio de suspensión –la máxima pena antes de la inhabilitación– que le ha caído al juez por dicho borrador y, en definitiva, por declararse a favor de la independencia de Catalunya. La imagen de la justicia se representa mediante la figura de una diosa que sostiene una balanza en una mano y una espada en la otra. Lleva los ojos vendados, lo que significa que no distingue entre unos y otros, que es imparcial e independiente. Desgraciadamente, no es así en España, donde la justicia tiene poco de independiente y los castigos se imparten a la carta, según de quién se trate. La libertad va, pues, por barrios.
Así, tenemos presidiendo el Tribunal Constitucional a un señor que ocultó ser militante de PP y que ha expresado por escrito auténtico menosprecio por lo catalán. Francisco Pérez de los Cobos –profesor en la UAB durante 10 años– opina, por ejemplo, que «no hay en Catalunya acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo» o que «el dinero es el bálsamo racionalizador de Catalunya».
Pero, por supuesto, no es el único que manifiesta alegremente su ideología en los medios de comunicación o colabora con desenvuelta frecuencia con, por ejemplo, la FAES, la fundación del PP. En estos casos no pasa nada. No hay problema. Por algo, se nos recuerda, la Constitución consagra la libertad de expresión.
En cambio, ese derecho fundamental se convierte en peligroso y perseguible cuando se trata de opiniones favorables al soberanismo. Recordemos el caso del mallorquín Martín Rodríguez Sol , al que forzaron a cesar como fiscal superior de Catalunya por hereje , esto es, por opinar –¡oh, blasfemia!– que había que buscar fórmulas legales para poder escuchar la voz de los catalanes. O cómo se trató de delincuentes, vía publicación a través de La Razón de sus fotografías del DNI, de un puñado de jueces partidarios de la consulta. O cómo en su día fue recusado a petición del PP el magistrado del TC Pablo Pérez Tremps por haber elaborado un remoto informe encargado por la Generalitat.