La vicepresidenta y el ministro español de Justicia sacaban a finales de la semana pasada a colación la posibilidad de suspender la autonomía catalana. Ambos hablaban dando por sentado que el president Artur Mas ha delinquido -¿no es eso coaccionar a la justicia?-. Recuérdese que la querella contra Mas, Joana Ortega e Irene Rigau fue ordenada por el Gobierno de Mariano Rajoy a la Fiscalía General del Estado, que la impuso contraviniendo a los fiscales de Catalunya, quienes no apreciaban delito en el 9-N.
Lo digo porque hemos asistido a una operación de Estado para convertir, de nuevo, a la víctima en victimario. El Gobierno del PP, el españolismo pétreo y los poderes que le acompañan, el mediático especialmente, nos han querido convencer de que el 9-N, la querella y el apoyo recibido por los imputados, todo, responde a un plan orquestado por el perverso Mas para mantenerse en el poder al precio que sea.
Como corolario, se ha pretendido vender que las concentraciones ante el juzgado y ante los ayuntamientos de Catalunya son un ataque a la independencia de la justicia. Lo dicen, atención, PP y PSOE, que se reparten como en un zoco los puestos en el Constitucional, el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera. Que la gente se solidarice voluntariamente con los imputados lo ha censurado sin sonrojo Xavier García Albiol, que cuando declaró porque le acusaban de racista, se presentó flanqueado por Alberto Fernández Díaz, Alicia Sánchez-Camacho y un grupo de camaradas.
Es una cortina de humo. Pretenden que nos traguemos tales ruedas de molino porque, sencillamente, la situación creada por la querella y las imputaciones consiguientes resulta absurda, es decir: no es solo técnicamente muy frágil, sino que va en contra de lo esperable si se persiguiera realmente salvaguardar los intereses de España. Y ha alcanzado el absurdo porque la actuación del Gobierno español no es producto de la razón ni del patriotismo del que presume, sino de la visceralidad, del resentimiento.
¿Qué es eso tan terrible que pasó el 9 de noviembre? Pues algo llamado proceso participativo. Traduzco: una manifestación cívica y festiva en que los ciudadanos depositaban una papeleta no oficial ni vinculante -votaban- en una urnas de cartón no oficiales ni vinculantes. Una manifestación en la que, además, los participantes fueron contados uno a uno: 2,3 millones, 1,8 de ellos favorables a la independencia.
Muchos catalanes -acudieran o no la semana pasada a las concentraciones- se sienten indignados, y heridos, al constatar cómo el PP actúa, una y otra vez, guiado por la arbitrariedad y el ánimo de venganza. Instrumentalizando todos los poderes y resortes del Estado -la justicia en primer lugar- y negándose radicalmente a escuchar. Y no solo a escuchar: revolviéndose furiosamente cada vez que, de una manera u otra, por la vía que pueden, los catalanes expresan lo que piensan y sienten.