Ha escandalizado a algunos que el domingo la alcaldesa Ada Colau, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los altos cargos de la Generalitat dejaran plantado a Felipe VI para expresar su descontento con las continuadas agresiones a la democracia que se están produciendo en Catalunya (y no solo en Catalunya).

Hay dos razones bien fundadas que explican lo sucedido. En primer lugar, Felipe VI es el jefe y máxima autoridad política del Estado español. En segundo: el 3 de octubre el Rey avaló, en un severo discurso televisado, la violencia policial contra los catalanes que pacífica y democráticamente habían acudido a votar dos días antes. Además, despreció a las víctimas obviándolas olímpicamente.
Aquel día, y también en otros posteriores -este mismo domingo lanzó una velada advertencia a cuento del Mobile World Congress-, el Rey abdicó de Catalunya, amén de desatender la función de arbitraje y moderación que la Constitución (artículo 56) le encomienda expresamente. ¡Qué diferencia con el respeto y escrupulosa neutralidad que mantuvo la reina Isabel II ante el referéndum en Escocia!

El gobierno español y los aparatos del Estado parecen estar convencidos de que pueden hacer lo que les dé la gana, puesto que entienden que el independentismo y con él toda Catalunya han sido derrotados. Ensoberbecidos, se escandalizan teatralmente y lanzan nuevas amenazas ante cualquier denuncia de los abusos que se producen. Un buen ejemplo es la reacción del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a las palabras del presidente del Parlament referidas a la existencia de presos políticos en España. Catalá, entrevistado por este periódico, apuntó que cuando se dicen cosas como esa “se está haciendo un daño gravísimo a la democracia y a la sociedad”. El problema es que se digan.

El ministro, tan sensible, según sus declaraciones, a los daños que pueda sufrir la democracia, debiera explicar, por ejemplo, qué diablos hace su ministerio persiguiendo al mecánico de Reus por un delito de odio por -atención- no haber querido reparar el coche particular de una policía nacional. Igualmente, se pretende juzgar al concejal de Sant Joan de Vilatorrada por… ¡posar con una nariz de payaso a lado de un guardia civil! Las protestas de ciudadanos de a pie, como el mecánico de Reus o los que abuchearon sonoramente al Rey en Barcelona, no podrán ser acalladas. Tampoco las de un buen número de representantes institucionales, sean Colau, Torrent u otros. Denunciar la situación anómala es no solo un deber para con los catalanes, sino también con la democracia.

Hay quien ve de mal gusto y una perfecta insolencia que los catalanes denuncien la represión, lo que les están haciendo. Exigen que todos callen y se inclinen servilmente, como, lamentablemente, hacen algunos. Quisieran sin duda poder silenciarlos al estilo de lo que se ha hecho en ARCO con la obra de Santiago Sierra o, incluso, condenarlos a prisión como al rapero Valtonyc por sus provocadoras letras (al pobre le han caído tres años y medio, nada menos).