El rodillo devastador de la represión no se ha detenido ni se ha moderado en la etapa de Pedro Sánchez como presidente. Como recordarán, en su día a las cúpulas policiales y judiciales les delegó Mariano Rajoy la tarea de detener como fuera el 1-O, algo que no lograron. A continuación continuaron encargándose del asunto, entonces para dar a los independentistas una lección que no puedan olvidar. Nada, ni un ápice, de la supuesta neutralidad que se supone a los servidores públicos.

Rajoy renunció a la política –jamás quiso hacer una propuesta a los catalanes– y, por lo tanto, incurrió en una grave dejación de las que eran sus responsabilidades más esenciales. El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no solo no ha podido –si es que lo ha intentado– reconducir la actitud de tales aparatos policiales y judiciales, sino que se ha visto obligado a tener que defenderse de sus ataques.

El reciente ‘caso Pérez de los Cobos’, un tipo que no tuvo la valentía de asumir la responsabilidad de haber lanzado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil contra gente pacífica el 1-O, evidencia la agria animosidad de determinados círculos contra el ejecutivo de izquierdas.

Han pasado más de dos años y medio desde el referéndum, y la fiscalía sigue sedienta de venganza y escarmiento. Pidió delito de rebelión hasta el final pese a que el Tribunal Supremo de Marchena estableció –tras un juicio colmado de sombras– que lo que se había producido era sedición. La fiscalía –que insiste en aplicar la misma plantilla a la manifestación ante la Conselleria de Economía y al 1-O– finalmente reclama sedición –con penas abultadísimas–, aunque –a sabiendas de la debilidad de sus argumentos– desliza como alternativa la desobediencia, penada con inhabilitación y multa.

Lo que se está desarrollando en la Audiencia Nacional es, en definitiva, un atropello más, una nueva acometida contra aquellos que, des de la posición que fuera, se convirtieron en protagonistas durante los meses de setiembre y octubre de 2017.

Una situación imposible
Recuerdo perfectamente la angustia y los nervios de uno de mis amigos mosso, un sargento con muchísimos años de experiencia a sus espaldas, en las semanas previas a la votación. Se encontraba, como Trapero, como todos sus compañeros, en una situación imposible, muy dentro de un laberinto al cual se le había tapiado previamente la salida.

A Trapero y a los demás se le quiere en la picota porque no mandaron a sus agentes agredir a las personas que querían votar –”No hicieron una actuación contundente”, han lamentado los fiscales–.

Al mayor se le quiere en la picota por seguir en aquel momento las instrucciones de la juez y hacer caso del sentido común. Por no cargar con saña, como sí hicieron policías y guardias civiles, contra unos ciudadanos que participaban pacíficamente en algo –un referéndum– que no era delito.

No deja de ser tristemente curioso, otro penoso sarcasmo, que se ejerciera tanta violencia contra miles de mujeres y hombres que, en realidad, y según repitió hasta el empacho el Gobierno español y todo el Estado en pleno, estaban haciendo algo, un “referéndum ilegal”, perfectamente inútil, sin validez jurídica ni efecto práctico alguno.