En el 2017, todo aquel que jugaba algún papel en el independentismo, en la política o en la sociedad civil, sospechaba, temía, que su teléfono móvil estuviera pinchado. En realidad, esa sospecha y ese temor existían desde hacía unos cuantos años. En el segundo grupo, el de los no políticos, se incluían activistas, periodistas, intelectuales, etcétera. Algunos incluso recibieron avisos concretos para que actuaran con prudencia. Fue en algún momento de ese período anterior al 2017 cuando muchos decidieron emplear la aplicación Telegram en lugar de WhatsApp.
Recuerdo perfectamente que en esa época pregunté a un miembro destacado del Govern si los móviles de los consejeros estaban encriptados. Me dijo que no, que solo el del ‘president’ Artur Mas. Le comenté si eran conscientes de que seguramente todo el gabinete estaba siendo hackeado. Respondió que intentaban tomar precauciones cuando se comunicaban entre ellos o se reunían (por ejemplo, dejando los terminales fuera de la habitación).
Todo ello vino a reforzar mi impresión de que difícilmente el independentismo podía ganar, si se acababa produciendo, el pulso con el Estado. ¿Si te espían a ti y tu no puedes espiarlos a ellos, cómo vas ganar? Era un frente más en el que el independentismo se hallaba en inferioridad de condiciones frente a los aparatos del Estado. La guerra sucia la podía utilizar, realmente y a fondo, solo una parte.
Ahora hemos podido contemplar la punta del obsceno iceberg gracias a un grupo de investigadores canadienses. Sabemos que alguien -puede que el CNI- espió a Roger Torrent -segunda autoridad de Catalunya-, y a otros independentistas. Una programa de software -Pegasus- fue introducido en sus móviles entre abril y mayo de 2019. Aquí surge una retahíla de cuestiones. Por ejemplo: ¿por qué se les espiaba en 2019? ¿A cuántos otros políticos, activistas, periodistas y personalidades de la sociedad civil se les viene espiando o se les ha empezado a espiar después? ¿Quién espiaba o espía? ¿El CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la inteligencia militar? ¿Cuántos programas, además de Pegasus, fueron o son empleados?
Durante el juicio del 1-O quedó claro que los cuerpos y fuerzas de seguridad espiaron preventivamente, exploratoriamente, al independentismo. Sabemos también, por ejemplo, que el CNI se puso oficialmente a perseguirlo en 2015. En ese año se creo la llamada, con trazo cínico, “Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales”, una unidad para espiar a los independentistas. Es decir, se les espiaba por la cara, por sus ideas, sin que mediara delito alguno. Y es que no les hacía maldita falta: lo que les movía y les mueve no es la democracia ni los principios que sustentan la Constitución española. Menos aún la libertad o la justicia. Lo que defienden sin manías -también los jueces patriotas que, se supone, autorizaron los pinchazos- es la sagrada unidad de España, de una idea muy miope de España. Ante eso, que se aparate lo demás. Todo vale.
Una par de últimas cuestiones: ¿en poder de quién esta hoy el material acumulando sobre el espionaje al independentismo? ¿Cómo lo está utilizando o planea utilizarlo?