Hemos observado en los últimos días como militares retirados se dirigían al Rey reclamándole que hiciera algo contra el Gobierno “social-comunista” de Pedro Sánchez. En un chat, también de militares retirados, se bromeaba, se fanfarroneaba, con matar a 26 millones de españoles, de izquierdas e independentistas, un genocidio colosal con “niños incluidos”.
El rey emérito, el rey elegido por Franco, el rey “que trajo la democracia a España”, ha pagado a Hacienda más de 678.000 euros. Alguien le informó que estaba siendo investigado por unas tarjetas ‘black’ de las que tiraban sin miramiento él y toda su familia, nietos incluidos (no se beneficiaron, nos cuentan, el Rey, la Reina ni sus dos hijas).
A su vez, Podemos, socio minoritario del Gobierno de Sánchez, reclama investigar el emérito, agita el debate sobre la monarquía y apunta también a Felipe VI. En un vídeo, el partido de Pablo Iglesias traza un símil entre la familia Borbón y el clan de Pablo Escobar, todo ello amenizado con banda sonora de la serie ‘Narcos’. Al mismo tiempo, la familia Franco abandonaba el Pazo de Meirás y la ley de la eutanasia seguía su curso.
CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno se revuelve contra Podemos: “No disparemos a la Monarquía”
La derecha y el PSOE se han conjurado para salvar a Felipe VI. Es la única cuestión en la que coinciden. La derecha, por ejemplo, utiliza la pandemia para culpar Sánchez de la muerte de miles de españoles y rechaza la nueva ley de enseñanza, la ‘ley Celaá’, por sectaria y adoctrinadora.
El valenciano Ximo Puig denuncia que Madrid absorbe masivamente recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia perjudicando al resto del territorio. Todo ello permite a Madrid renunciar prácticamente a los impuestos autonómicos y practicar un ‘dumping’ fiscal que no hace más que acentuar el desequilibrio.
Hemos visto, finalmente, cómo al día siguiente que, gracias a los nacionalistas e independentistas, el Gobierno viera aprobado su Presupuesto, el Tribunal Supremo -tras apropiarse del poder de decidir sobre los encarcelados- tumbaba el tercer grado de los líderes independentistas y devolvía al calabozo a Forcadell y Bassa, que aún se encontraban fuera.
Todo lo anterior, y mucho más, ha sucedido este diciembre, y cabe decir que no ha sido un mes especialmente tenso. La dura confrontación a la que asistimos hace mucho que se incuba. Incluso me atrevería a identificar su inicio: el año 2000, el de la mayoría absoluta de Aznar, quien quiso revertir unilateralmente el pacto de la Transición e imponer su visión de España .
Hay que recordar en este punto que la historia no es, a pesar de que a veces nos hagamos la ilusión, una línea recta que avanza mecánicamente. La historia nunca resulta previsible, porque está sometida a factores infinitos -la mayoría humanos – que impiden cualquier cálculo.
España se encuentra hoy ante un dilema, en una encrucijada histórica, ya que se ha acumulado un enorme malestar debido a que un sistema -sobre todo político, pero también económico, social y cultural- que más o menos había ido funcionando está haciendo agua. Existen elementos que quieren cambiarlo o a derribarlo, enfrentados con aquellos otros, también poderosos, que no están dispuestos ni a ceder ni reformar nada (si acaso, a transitar en dirección contraria). Como señala el tópico gramsciano, hoy lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En este punto nos encontramos.
Si deseamos hablar más llanamente, pero simplificando, diríamos que lo que está en cuestión es el consenso que acomodó el cambio de régimen -de la dictadura a la democracia-, el llamado pacto de la Transición, aquel gran acuerdo, con cláusulas conocidas y otras implícitas, que permitió salvar oscuras trampas y sortear vertiginosos despeñaderos. Fue, en este sentido, útil, a pesar de sus bases evidentemente injustas.