No me trago que nadie del Gobierno español supiera que se espiaba a Pere Aragonès. Mucho menos, que de ello no tuviera conocimiento la ministra Margarita Robles, de quien depende el CNI. Como han señalado fuentes de la seguridad del Estado a este periódico, “ni los agentes ni la estructura del centro [del CNI] son autónomos. Actúan bajo una instrucción y reportan al poder político”. Es más: seguramente la iniciativa surgiera del mismo Gobierno. No lo podemos comprobar, pues las directivas donde se fijan objetivos y a partir de las cuales actúan los espías son secretas.

Sigamos con la lógica. Si lo sabía Robles -que despacha semanalmente con Paz Esteban, directora del CNI-, ¿es imaginable pensar que Pedro Sánchez lo desconocía? No, no es imaginable. Igual que tampoco lo es que Esteban no informara a la ministra, a su jefa, de que se estaba espiando con Pegasus a Aragonès y a una lista de al menos otros 17 -suman 18 los pinchazos a móviles que ha admitido el CNI- independentistas catalanes. No se ha podido confirmar aún si están los abogados de los independentistas entre los espiados por el CNI, lo que añadiría un nuevo y muy perturbador elemento al escándalo.

Sánchez predicaba el diálogo y el “reencuentro” con Catalunya mientras se espiaba a los independentistas, además de a sus familiares, amigos, colaboradores y abogados, según las investigaciones de The Citizen Lab. Si lo sabía Sánchez, como parece sensato pensar, esta sería la radical y definitiva demostración de que confiar en el líder socialista es políticamente suicida. Si no lo sabía, ni lo sabía tampoco Robles, algo, para mí, inverosímil, el asunto sería, en cierta forma, más grave todavía, y el Gobierno y las Cortes deberían reflexionar seriamente sobre qué es y a qué juega el CNI.

Otra cuestión paralela es por qué el juez del Supremo encargado de autorizar o rechazar las actuaciones del CNI, Pablo Lucas, firmó los 18 permisos para pinchar a los teléfonos de los independentistas. ¿Qué lo justifica? Que el CNI se meta en el teléfono de un ciudadano supone una violación muy grave de sus derechos fundamentales y, por consiguiente, los motivos para autorizarla deben ser verdaderamente poderosos. Ha de existir un peligro, una amenaza real. Pasado el tiempo, es evidente que las autorizaciones de Lucas no han dado ningún fruto, cero, lo que demuestra que el señor juez dio luz verde al CNI con una ligereza excesiva.

Volvamos a los 18 independentistas investigados. ¿Quién investigó al resto, que se cuentan por decenas? ¿Fue también el CNI pero sin pedir permiso al juez? ¿Si realmente no fue el CNI, quién fue? ¿Fueron policías y guardias civiles? No lo sabemos. Como tampoco sabemos quién ha espiado a Sánchez, Robles y a algún otro ministro. De lo que, en cambio, sí nos hemos enterado es de que nadie se ocupaba de revisar el móvil presidencial. Puede que ello sirva para finalmente cortarle la cabeza a Esteban. Echarla por este motivo permitiría seguir quitando importancia e intentando blanquear el espionaje a los independentistas.