La cuestión de la financiación ha estado, de una manera u otra, siempre en el núcleo de las tensiones entre Catalunya y el Estado. Y lo ha estado no solo porque estamos hablando de recursos, que también, y mucho, sino porque la financiación se halla íntimamente vinculada a las maneras como, desde las diferentes sensibilidades, se entiende que España debe organizarse. Esta cuestión conecta directamente, pues, con la concepción de España y su diversidad.

Algunos de los que han escrito sobre el asunto han lamentado que Catalunya no tuviera, desde el principio, un sistema propio. A veces se ha atribuido la responsabilidad a Jordi Pujol. Lo que a menudo se obvia, y que quizás es adecuado recordar, es que la fuerza hegemónica en Catalunya en 1979 no era CiU, que quedó tercera en las municipales y cuarta en las generales de aquel año. La prueba de que pronto el nacionalismo catalán fue consciente del problema la encontramos en el volumen ‘Narració d’una asfixia premeditada’, de Trias Fargas, editado en 1985. El sistema financiero de Catalunya ha sido, decía al empezar estas líneas, una cuestión fundamental desde hace muchos años. Lo fue en las negociaciones entre CiU y González, primero, y Aznar, luego; en la reforma del Estatut impulsada por el president Maragall en 2006, y también en las etapas de Montilla y Mas. En el origen del llamado ‘procés’ está la financiación y el descontento en cuanto a las infraestructuras.

Hoy el asunto vuelve a estar sobre la mesa a raíz del pacto de ERC y el PSC (con el aval de Pedro Sánchez) que ha sido indispensable para que Salvador Illa llegara a la presidencia de la Generalitat. El acuerdo es genérico y no entra en detalles. Dibuja un sistema diferente al actual, singular, pero se aleja del sistema foral de Euskadi y Navarra. El objetivo es que Catalunya deje de aportar unos recursos desproporcionados, y, por consiguiente, injustos, al resto del Estado. Contra lo que se ha dicho y se repite maliciosamente una y otra vez, Catalunya no quiere dejar de pagar, de ser “solidaria” si se quiere llamar así, sino que reclama que la aportación sea razonable. (Recordemos que la contribución de Euskadi y Navarra a esta “solidaridad” resulta nula en la práctica).

La discusión pública en marcha ha evidenciado de nuevo el cinismo político reinante. El de aquellos que acusan a los catalanes de chantajistas y de aprovecharse sistemáticamente de España, pero, al mismo tiempo, rechazan con grandes aspavientos que Catalunya rebaje su aportación ni un solo céntimo. ¿En qué quedamos? Estaría bien que después de tantos años de pagar de forma desmesurada, alguien tuviera el detalle ya no de agradecerlo, sino, al menos, de reconocerlo. Por eso, por el cinismo político de tantos, entre los que sobresale el populismo grosero y malévolo de Díaz Ayuso, y por otros motivos, no será nada sencillo que el acuerdo sobre la financiación se acabe transformando en realidad. Uno de los graves problemas es que en esta cuestión -igual que tantas otras pactadas con ERC y Junts- Pedro Sánchez va a remolque. No ha sido capaz de dar un sentido político a todo ello, más allá del argumento de conveniencia en torno a la “pacificación” de Catalunya. Si hubiera formado parte, este cambio, de una voluntad real de transformación del Estado en un sentido federal, así lo habría debido defender desde el principio.

Se desconoce, por otro lado, hasta qué punto la dirección de ERC confía en que la financiación pueda cambiarse o, como piensan maliciosamente algunos, fue este elemento solo la manera de justificar el voto a Salvador Illa, dado que se encontraban los republicanos metidos en un callejón sin salida (repetir las elecciones hubiera supuesto un auténtico descalabro). En este escenario, hubiera sido conveniente la entrada de los republicanos en el gobierno de Illa, para, desde dentro, fiscalizar y presionar a favor del cumplimiento del pacto de investidura. La situación más que inestable de ERC no lo permitió. Sea como fuere, los republicanos no pueden dejar de hacer todo lo que esté a su alcance -lo que significa utilizar a sus diputados en el Parlamento y en el Congreso- para que haya un cambio real en la financiación de Catalunya. E igualmente ha de hacer Junts per Catalunya. Lo que está en juego es demasiado serio para abonarse a la frivolidad.