Haber injertado a Josep Antoni Duran Lleida en el Govern, lo que es como si el líder de Unió fuera miembro del Ejecutivo sin serlo en realidad, constituye un caso curioso e imaginativo de ingeniería institucional. Como se trata hasta cierto punto de una rareza, de una anomalía, es importante que el mecanismo se justifique en términos de utilidad. Es decir, que el invento funcione. Hace unos días, sin embargo, sus engranajes emitieron el primer chirrido y hemos visto y oído cómo, en una
reunión de su partido, Duran Lleida fijaba plazo para la eliminación del impuesto de sucesiones, anunciando que se llevaría a cabo antes de las elecciones del 22 de mayo.
En puridad, no le correspondía a él decir lo que dijo. Entonces, ¿por qué Duran Lleida intenta precipitar la anulación del dichoso impuesto? Es siempre arriesgado zambullirse en el terreno de las intenciones de los actores políticos. Pero no lo es tanto especular sobre las consecuencias que, intencionadamente o no, una determinada acción puede desencadenar. Y la consecuencia evidente de la irrupción pública del principal dirigente de Unió es que hoy CiU se halla más cerca de terminar pactando con el PP los presupuestos catalanes y, muy probablemente, las reformas que deban acometerse en los medios de comunicación de la Generalitat. Si ese acercamiento es real y en efecto prefigura lo que viene, constituye una mala noticia para el país y también, aunque esto naturalmente es un problema de ellos, para CiU.
Es una mala noticia, a mi entender, porque ante la terrible crisis que azota al país es necesario que el espacio sociopolítico central asuma el protagonismo y tome las riendas. Es justamente en situaciones tan delicadas como la actual que tiene sentido que las dos grandes fuerzas –CiU y PSC– habiliten espacios de colaboración, que ejerzan su responsabilidad de acuerdo con la confianza que en ellos han depositado los ciudadanos a través de las urnas.
Quiero creer que, pese a que la experiencia me ha demostrado que casi nunca es así, todo obedece a una estratagema perfectamente diseñada y ejecutada, y que en verdad lo que está haciendo CiU es abrir el campo de negociación para no quedar exclusivamente a merced de los socialistas. Y que, al final, el presupuesto se negociará con el PSC, sin que el impuesto de sucesiones (unos 150 millones estimados, al margen de donaciones), un bastión político difícil de defender en pleno y radical esfuerzo ahorrador, se revele como absolutamente irrenunciable. Ser un poco más flexibles de lo que de las palabras de Duran Lleida se desprende es algo que agradecerán los ciudadanos y le irá bien a CiU cara al futuro, me parece. Como sentenciara con real pragmatismo Enrique IV, París –pactar con el PSC el presupuesto y lo que cuelga– bien vale una misa.