Llevan razón los consellers Francesc Xavier Mena y Josep Lluís Cleries en los que son sus dos argumentos más repetidos: hay fraude en la RMI -habrá que ver cuál es su magnitud- y, además, la prestación se ha ido desvirtuando con el tiempo hasta convertirse en algo bastante alejado de lo que debiera ser. Probablemente tampoco se equivocan cuando apuntan al tripartito y le atribuyen desidia y descontrol en cuanto a uno y a lo otro. Era, pues, necesario corregir el rumbo, intervenir para detectar y corregir el fraude existente. Sobre todo en tiempos de vacas flacas, esa es una obligación no solo política sino también ética. Acerca de cambiar la RMI -a poder ser, con el máximo consenso político- para que cumpla plenamente las funciones que tiene encomendadas, a saber, básicamente la reinserción laboral y social del beneficiario, parece que son muchos los que comparten la necesidad.

Sin embargo, nada de todo lo anterior sirve para justificar el desaguisado que se ha organizado este verano en torno al cobro de la ayuda económica establecida en su día por la propia CiU. No acaba de entenderse que gente tan preparada como Mena y su secretario general, Enric Colet -excelentes profesores de Esade-, hayan podido incurrir en tantos patinazos puramente técnicos, que ayer fueron reiteradamente denunciados por la oposición: descoordinación entre consejerías, una base de datos obsoleta, falta de información a trabajadores sociales y ayuntamientos, etcétera. A los errores técnicos habría que añadir las carencias comunicativas exhibidas por Mena, quien ha demostrado que entre las virtudes que lo adornan no se encuentran ni el don para la diplomacia ni el sentido de lo político.

Cuando uno tiene responsabilidades en la Administración debe ser muy prudente, debe asegurar muy bien sus pasos. Nunca actuar a la brava o improvisar, y menos todavía cuando se juega con el pan de los más débiles, como es el caso. El retraso y los problemas para cobrar que han tenido y tienen muchos beneficiarios de la RMI no tendrían que haberse producido jamás, por mucho que estuviera en marcha un proceso de control del fraude.

Otra cuestión que ayer sobrevoló el debate en la Diputación Permanente del Parlament -esta de gran calado político- es la sospecha de que tanto la urgencia por combatir el fraude como por modificar la prestación son consecuencia de la alarma de la Conselleria d’Economia y del president Mas ante el rápido aumento del gasto vinculado a la RMI, que se ha multiplicado y va a seguir haciéndolo en los próximos meses y quizá años. Es precisamente en cómo debe ser la RMI y -atención- de qué manera hacerla económicamente sostenible en tiempos de enormes estrecheces financieras en lo que debieran emplear el ingenio nuestros diputados, y no, por ejemplo, en lanzar ridículas acusaciones de xenofobia o sacar a colación a Reagan y Thatcher, como lamentablemente hizo ayer el señor Joan Herrera.