Empeñados en el error de creerse el relato que sobre Catalunya les suministran los medios de la derecha y la ultraderecha española, el Gobierno de Rajoy y el PP han ido equivocando su perspectiva. Así, miopes, se han tragado –y no sólo ellos– la absurda teoría que dicta que los políticos catalanistas han engañado y manipulado a una sociedad al completo. Según tal delirio, por ejemplo, la manifestación del Onze de Setembre no fue más que un montaje orquestrado por CiU.
La realidad es distinta. La sociedad catalana tiene vida propia. No es un apéndice de tal o cual partido. Ni el president Mas ni nadie está en disposición (tampoco se le pasa por la cabeza) de frenar el cambio que se está produciendo en Catalunya.
Con quien el Gobierno del PP, los partidos españoles y toda suerte de poderes fácticos de allí y de aquí tienen el verdadero problema es con los catalanes. ¿Esto quiere decir que la mayoría votarían independencia? No lo sé. Lo que sí sé es que la gran mayoría de quiere que se le pregunte sobre el futuro de Catalunya.
Si en Madrid yerran en el análisis, por desgracia en Catalunya hay quienes –en todos los bandos– siguen actuando no movidos por el bien común sino por sus intereses particulares. Abusando del tacticismo y abonados a una fraseología para consumo de la parroquia. Ninguna nación ha conseguido nada así. Necesitamos más unidad y un president y un Govern reforzados. Por eso es positivo establecer sinceras vías de diálogo entre CiU y el PSC.
Artur Mas , asimismo, debe hablar con Mariano Rajoy . ¿Cómo no iba a hacerlo? De igual forma, por supuesto, que no puede renunciar a la autodeterminación. Sin embargo, una consulta sin el aval de la legalidad supondría un esfuerzo estéril, y puede que contraproducente. Aunque demos por supuesto –que es bastante suponer– que se pudiera organizar y llevar a cabo sin contratiempos, hay que tener claro que todos los sectores contrarios a la consulta –empezando por el PSC (a favor del derecho a decidir, pero no de violentar la legalidad) y el PP– se movilizarían en su contra, y llamarían a la no participación y al boicot, con lo cual el valor y la legitimidad de sus resultados sería escaso.
Eso nos lleva a dos posibilidades: a) un pacto por el cual el Gobierno español autorizara la convocatoria, esto es, algo parecido a lo hecho por Londres en relación a Escocia o b) una consulta apoyada en la ley de consultas catalana con una pregunta indirecta o exploratoria. Esta vía, no obstante, podría embarrarse si el Estado, en lugar de dejar hacer, se esforzara en impedirla. Naturalmente, se podrían convocar elecciones para que prologaran y justificaran una declaración unilateral de independencia en el Parlament, pero esa es toda otra historia…