La vicepresidenta y el ministro español de Justicia sacaban a finales de la semana pasada a colación la posibilidad de suspender la autonomía catalana. Ambos hablaban dando por sentado que el president Artur Mas ha delinquido -¿no es eso coaccionar a la justicia?-. Recuérdese que la querella contra Mas, Joana Ortega e Irene Rigau fue ordenada por el Gobierno de Mariano Rajoy a la Fiscalía General del Estado, que la impuso contraviniendo a los fiscales de Catalunya, quienes no apreciaban delito en el 9-N. Lo digo porque hemos asistido a una operación de Estado para convertir, de nuevo, a la víctima en victimario. El Gobierno del PP, el españolismo … Continuar llegint